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En el año 1998, al inicio del gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, existían 12.000 industrias. Solamente en el 2019 (Encuesta Coyuntura de Conindustria), cerraron en el país 400 empresas. Al cierre del pasado año, quedaban abiertas unas 2000 industrias, de las cuales el 50 % quedó imposibilitado de realizar inversión alguna, y el 71 % de ellas se vio obligado a reducir su producción.   

Mientras 9,3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria, siendo nuestra nación, la cuarta crisis alimentaria más grande del mundo (Programa Mundial de Alimentos 2020), el país es sacudido por el regreso de las ocupaciones e intervenciones de las agroindustrias privadas que se mantienen de pie, por parte del gobierno, y que son responsables del 90 % del procesamiento de lo poco que aún se produce en el país.

En su cuenta Twitter Nicolás Maduro afirmo recientemente “Instruí de manera precisa al Vicepresidente de Economía Tareck El Aissami, y a los ministros Wilmar Castro Soteldo, Carlos Leal Tellería y Eneida Laya Lugo para que en las próximas horas se ataje la especulación brutal que llevan adelante los sectores económicos criminales”.

Definitivamente en Venezuela “la lapa duerme en la cueva que el cachicamo ha escarbado”. El Chavismo - Madurismo expropió, confiscó e intervino fincas, agroindustrias, y cadenas de comercialización de alimentos, llevándolas todas bajo su control a la quiebra. También arruinó la empresa petrolera estatal PDVSA, por lo que está imposibilitado de seguir importando alimentos para la limosna que otorga a través de la caja CLAP. Apela entonces hoy nuevamente a su viejo y absurdo libreto, de apropiarse, sin ningún respeto al estado de derecho consagrado en la constitución y demás leyes del país, las empresas de alimentos.

Sobre el Consorcio oleaginoso Portuguesa (COPOSA) nos anunciaba el pasado viernes la Vicepresidenta Delcy Rodríguez que se ordenó “según lo establecido en la Ley orgánica de precios justos” la medida de  “ocupación temporal por seis meses”. En la empresa de embutidos Plumrose, en Alimentos Polar y en el Matadero Turmero el gobierno decretó “medida de venta supervisada de todos sus productos”, y bloqueo de los códigos SICA con lo cual estas organizaciones están imposibilitadas de cumplir con los requerimientos de las cadenas de comercialización.  

Justo cuando los empresarios a “pulmón propio”, ante la desaparición del financiamiento bancario y asignación de divisas para importación de materia prima, habían logrado parcialmente dar respuesta a la minimizada demanda interna de los alimentos más esenciales, Tareck El Aissami, vicepresidente del área económica, nos anuncia con asombroso cinismo, haber iniciado “esta batalla…” para “…buscar un punto de equilibrio nuevamente en el mercado”.

Sin ser experto en economía el común del venezolano conoce las terribles consecuencias del intervencionismo estatal en el proceso productivo de los alimentos. Aún está fresco en nuestras memorias el índice de desabastecimiento del 80 % en el pasado muy reciente en rubros tan esenciales como la harina de maíz, azúcar, leche, café, pastas, arroz, margarina y aceites luego que el gobierno se apropiara de 5.0 millones de hectáreas de tierras, del 80 % de las torrefactoras de café y el 50 % de la capacidad instalada para procesar harina de maíz, arroz y leche entre otros alimentos.

Nos preguntamos por qué se acusa a COPOSA de atentar contra el suministro de aceite comestible, pero no se aclara el destino de la mil millonaria inversión realizada por el gobierno en el 2008 para adquirir y mantener a flote a través de la estatal PDVAL, la empresa Industrias Diana con el supuesto propósito de “recuperar y aumentar su capacidad de producción” de aceites y grasas. Lo cierto, es que su producción cayó más de 50%, en el período 2013 - 2015, y es hoy prácticamente inexistente, al punto que la maquila del “Aceite Casa” producto del estado, viene siendo realizado desde tiempo atrás por COPOSA por orden del gobierno.

Es legítimo preguntar también a quienes nos mal gobiernan, por qué actúan contra Alimentos Polar, señalándola de “atentar contra el pueblo”  con su producto Harina de maíz PAN. No obstante, no hay reporte de las 18 plantas de harina de maíz bajo control estatal. Conocemos que para el 2015, 7 de las 12 plantas operadas por la oficialista VENALCASA, ya estaban paralizadas. Se desconoce el destino de todas esas plantas, pero su producción no se observa en las cadenas de comercialización, y la harina de maíz presente en las Cajas CLAP es importada por el gobierno desde México y Brasil. En tanto, el grupo privado Polar, con sólo tres plantas, cubre sobre el 50 % de la demanda interna de harina de maíz.

Reza el refrán venezolano que “cuando un burro rebuzna, los demás paran la oreja”. Lastimosamente en quienes se mantienen en el gobierno en Venezuela no hay posibilidad de rectificación. No existe ministro alguno que tenga la capacidad intelectual para indicar un camino distinto que no sea el continuar en la torpeza ordenada por Nicolás Maduro de atentar contra la empresa privada, único sector que en el área de abastecimiento de alimentos, viene realizando enormes sacrificios para mantenerse activo.   

Aun cuando el pasado año se percibía cierto “libertinaje económico”,  indicando la lejana posibilidad que habían asimilado su infinita ineptitud en materia económica, con el regreso de los precios controlados y de intervenciones de agroindustrias, ha quedado claro que el único libreto conocido por el “Socialismo del Siglo XXI” es la destrucción de las pocas fuentes de abastecimiento alimentario que quedan funcionales, la importación para enriquecer a unos pocos mientras asfixian a nuestros productores, y el someter sin escrúpulos alguno, a través de la limosna, a un pueblo urgido de alimentos.

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